La libertad de expresión es un derecho que está consagrado en la Constitución Política del Estado y ésta no está, bajo ningún criterio, en riesgo. Es así que el Gobierno nacional aclaró enfáticamente que no se emitirá ninguna normativa que vulnere la Ley de Imprenta, la libertad de expresión o el derecho a la información.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, catalogado por muchos con el eufemismo de “camaleón político”, está una vez más en el ojo de la tormenta por una presunta “conducta indebida” que compromete una violación del código de ética y del trabajo al interior de la organización que preside. En días pasados se conoció a través de medios de comunicación del país del norte que legisladores del Congreso de Estados Unidos pidieron investigar a Almagro, señalando que los delitos de los que se le acusa son motivo suficiente para sancionarlo y destituirlo de su cargo.

Ingresos por más regalías, dinamización de puerto Busch y la nueva planta de trituración de hierro es la trilogía sobre la cual se asienta el trabajo de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), por el momento. Y la tarea está bien encaminada, pues en los dos últimos años la producción de hierro y su exportación ya produjo beneficios económicos.

El feriado de Semana Santa, además de constituirse en un tiempo de reflexión para quienes practican la religión y recuerdan la pasión de Cristo, también representa una excelente oportunidad para desarrollar actividades turísticas, y más aún en Bolivia, que tiene una amplia variedad de destinos atractivos, desde el altiplano, pasando por los valles hasta la Amazonia.

La semana pasada, el presidente Luis Arce participó de la Cumbre Presidencial de la Alianza de Países de América Latina y el Caribe contra la Inflación, reunión en la que participaron los jefes de Estado y ministros de 11 naciones para buscar soluciones conjuntas frente a la subida de precios de los alimentos básicos y productos de la canasta familiar, a través de un plan antiinflacionario conjunto.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Previsión y Futuro, llegaron para operar en el país desde 1997, en el marco de la Ley 1732, promulgada en 1996 por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Dicha norma fue muy criticada porque respondía a un proceso de privatización de los sistemas de pensiones, pues otorgaba bajos niveles de rentabilidad para los aportantes.