El reciente pedido de Evo Morales de recibir un resarcimiento de casi 2 millones de bolivianos por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no solo es exorbitante, sino que representa una afrenta a la moral y la justicia en Bolivia.

El Gobierno nacional ha declarado al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró, en el departamento de Santa Cruz, libre de cultivos ilegales de hoja de coca.

Este logro representa un golpe contundente contra el narcotráfico y un compromiso con la preservación del medio ambiente.

La decisión de España, Noruega e Irlanda de reconocer a Palestina como un Estado soberano no solo representa un avance significativo en el camino hacia la paz, sino que también constituye un acto de justicia histórica.

La Procuraduría General del Estado (PGE) emitió un contundente análisis jurídico que reafirma la postura adoptada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en su sentencia 1010/2023, que dejó sin efecto el fallo que habilitó a Evo Morales a postularse nuevamente en 2019.

En su Análisis Jurídico Especializado N° 04/2024, la PGE concluye que la referida sentencia 1010/2023 del TCP "dejó sin efecto (superó)" la polémica Sentencia Constitucional Plurinacional N° 084/2017, que de manera insólita pretendió elevar la reelección presidencial indefinida al rango de un supuesto "derecho humano".

En un desafío sin precedentes en una nación democrática, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, exigió al expresidente y dirigente cocalero Evo Morales que permita el libre ingreso de la fuerza pública antidroga a la región del trópico de Cochabamba para combatir el flagelo del narcotráfico.

Esta confrontación directa pone de manifiesto una realidad inquietante: el reducto político de Morales se ha convertido nuevamente en una zona roja del narcotráfico, un retroceso a los oscuros tiempos de las décadas pasadas.

En un mundo globalizado, donde los flujos comerciales atraviesan fronteras sin cesar, el contrabando se ha convertido en una amenaza latente para la seguridad de los Estados.

En Bolivia, esta realidad se ha vuelto cada vez más preocupante, ya que las organizaciones criminales dedicadas a este ilícito han escalado sus operaciones a niveles alarmantes.

Las advertencias del viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, no dejan lugar a dudas: el contrabando no solo representa un perjuicio económico, sino que también pone en riesgo la seguridad alimentaria, la salud pública y, en última instancia, la estabilidad del Estado.