El Consejo Nacional de Autonomías (CNA), en la reunión que aglutinó a 25 de 25 representantes nacionales, se declaró en emergencia ante el boicot a la economía nacional que ejerce la derecha y el ala evista desde la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

El pueblo boliviano conoce y ya identificó a quienes bloquean el desarrollo del país, a los que priorizan sus intereses personales y le niegan la posibilidad de obras para las regiones.

Senadores ligados a Evo Morales, en contubernio con sus pares de derecha representantes de Comunidad Ciudadana y Creemos, volvieron a dar un revés a los intereses de la población al rechazar el tratamiento del crédito de $us 62 millones para ampliar la Línea Café de Mi Teleférico, en la ciudad de La Paz, provocando la postergación de su consideración hasta la próxima legislatura.

Fieles a su estilo, los senadores opositores al Gobierno hicieron gala de su tozudez y se enfrascaron en la negación con elocuciones que rayan en lo absurdo como: “¿Cuál es la lógica de seguir prestándonos plata para cosas que no le traen provecho al pueblo boliviano de manera inmediata?”.

La estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) presentó una demanda penal que sacude los cimientos de la industria del litio en Bolivia.

Diez exdirectivos y una empresa contratista se encuentran bajo la lupa judicial por presuntos delitos que han dejado un rastro de desolación en el complejo industrial del salar de Uyuni, un epicentro crucial en la provisión de materia prima para la producción de cloruro de potasio y carbonato de litio.

Esto refeja que el plan de industrialización que encara la administración de Luis Arce es de gran escala y, evidentemente, con resultados ya tangibles, refejados en las plantas industriales que ya fueron inauguradas.

Luego de un año de las revelaciones del diario español El País sobre los aberrantes abusos sexuales cometidos por el sacerdote jesuita Alfonso Pedrajas en Bolivia, la indignación ciudadana persiste ante la lentitud de los procesos judiciales y la falta de acciones contundentes por parte de la Iglesia Católica para esclarecer los hechos y reparar a las víctimas.

El gobierno del presidente Luis Arce expresó, con razón, su enérgico rechazo a este informe que distorsiona la realidad nacional y omite deliberadamente los avances significativos que Bolivia ha logrado en materia de derechos humanos.