La corrupción y la administración pública

La actividad pública, como en todo Estado, está regulada jurídicamente en su quehacer por principios como el de legalidad, de raíz constitucional —que rige la actuación de todo Estado de derecho y que asegura el respeto a la normatividad y prelación jurídica—, de igualdad y razonabilidad jurídica, de control y de responsabilidad jurídica, consecuencias todas del Estado democrático, modelo adoptado para la organización pública.

Cinco décadas atrás, el lunes 10 de septiembre de 1973 en la fría ciudad de Santiago se vivía el último día de la Unidad Popular (UP).

El Collasuyo comprende desde el sur de Cusco-Perú hasta los llanos de Santiago del Estero-Argentina; consiguientemente, todo el departamento de Santa Cruz de la Sierra pertenece al Collasuyo, realidad que lastimosamente es poco conocida, al parecer por descuido o ex profesamente, pero invita a leer por lo menos ¡Hijo de opa! de Gaby Vallejo de Canedo.

La situación se complica. Más allá de las matemáticas (cuyos números no le son favorables a ninguna de las bancadas en el Congreso), está el tema del matiz irreconciliable de los factores políticos en pugna. Porque la izquierda quiere justicia y la derecha impunidad.

Me encontraba en una reunión en el Cebrap de San Pablo en julio de 1970, cuando llegó de Chile el economista Carlos Lessa y nos dijo en tono de comunicado, que Chile iba a elegir un presidente socialista. Parecía algo del otro mundo por el clima que se vivía en Brasil y el resto de América Latina, donde el único gobierno que se apartó del consenso conservador fue el del militar nacionalista Velasco Alvarado en Perú.

Las críticas realizadas por el exfuncionario de la Casa Blanca Elliott Abrams a la actual administración del presidente Joe Biden, en torno al tema Venezuela, dan cuenta de una disparidad de criterios de los factores políticos de EEUU.