El pasado 4 de enero, el ministro de Justicia de Israel, Yariv Levin, con órdenes de su jefe Netanyahu, anunció un plan para “reformar el poder judicial”, limitando los poderes de la Corte Suprema (el máximo órgano judicial) y otorgando poder de control a la coalición de gobierno sobre el Comité de Designación de Jueces, así como para poner medidas que dificulten destituir al primer ministro; todo ello se traduce en poner un poder ilimitado en manos del gobierno.
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