El título de esta nota puede inducir a creer que el objeto de estas breves líneas será recordar las numerosas aventuras militares del imperialismo norteamericano en nuestra América, sobre todo en Centroamérica y el Caribe, “la tercera frontera imperial” como felizmente la definiera el profesor y expresidente de la República Dominicana Juan Bosch. Pero no: nuestro propósito es examinar las guerras actuales del imperialismo, las que al día de hoy se libran en contra de Cuba y Venezuela. 

El Estado boliviano tiene la obligación de investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Senkata y Sacaba en 2019.

El rechazo al gobierno provocó una nueva ruptura en la gestión. La frase que se repetía en Francia era “¡Fuera Bayrou!” (François Bayrou, primer ministro nombrado por Emmanuel Macron en diciembre de 2024 y destituido la semana pasada tras perder una moción de confianza en el Parlamento). Esta reiterada declaración tiene un objetivo más alto: el presidente de la República. Nunca en la historia reciente del país un jefe de Estado había sido blanco de una ola de hostilidad tan abrumadora.

A pesar de los aumentos arancelarios y las sanciones impuestas por EEUU a Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) celebró la publicación de nuevos datos del mercado laboral por parte del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) el martes (16).

El Cerro Rico de Potosí, declarado Monumento Nacional y reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO, es mucho más que un yacimiento; es un pilar de la historia y la economía de Bolivia. Sin embargo, siglos de actividad minera han dejado una profunda huella en su estructura, generando una situación compleja que demanda una gestión técnica, legal y social coordinada. Este artículo desglosa la situación actual del Cerro Rico, abordando desde su composición geológica hasta las acciones concretas implementadas para su preservación.

Hay preocupación del GIEI Bolivia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por haberse ordenado la libertad de Marco Antonio Pumari Arriaga, Luis Fernando Camacho Vaca y Jeanine Añez Chávez, enjuiciados en los casos Golpe de Estado I y Golpe de Estado II.