El escándalo judicial denominado caso ‘Consorcio de jueces…’, declarado “en reserva”, está basado en un “audio” considerado prueba principal, que refiere una conversación entre el entonces ministro de Justicia y el juez de Coroico que conocía y tramitaba una “acción de cumplimiento” contra la magistrada F. Coaquira, por haber usado un documento falso para su postulación y elección, y que una vocal —sin competencia— habría redactado la resolución judicial dentro de dicha “acción…”, cuya resolución el juez solamente la habría firmado —se dice que no fue firmada—; situación que dio lugar a las aprehensiones y detenciones de varios funcionarios públicos y personas involucradas; sumando a ello que desde el anterior siglo el pueblo ha censurado la manera de administrar justicia por parte de jueces, vocales y magistrados en materia civil, familiar, penal, social, y constitucional, llegando al punto de calificarlos de corruptos, porque en sus resoluciones no aplicaban correctamente las leyes y beneficiaban a los autores de graves delitos, dando lugar a la injusticia y la impunidad.