Circula una publicación donde se indica que previo a la implementación de las Empresas de Tecnología Financiera se debe emitir una ley de protección de datos, argumentando que el Decreto Supremo Nº 5384 invade materias que, por su naturaleza, deberían ser reguladas exclusivamente por una ley del Órgano Legislativo, interpretación totalmente errónea que confunde la jerarquía normativa con la competencia reglamentaria, ya que según el artículo 132 de la Constitución Política del Estado (CPE) los decretos supremos tienen la finalidad de reglamentar las leyes o establecer disposiciones administrativas dentro del marco constitucional y legal.
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