El evismo no entiende de valores democráticos. Lo demostró al intentar desestabilizar con violencia al gobierno de Luis Arce y al proceso rumbo a las presidenciales del 17 de agosto, por una candidatura de Evo Morales prohibida por la Constitución y dos fallos constitucionales. Y ahora lo ratifica con el rechazo de las campañas electorales en el Chapare, las amenazas de sabotaje en la jornada electoral y, especialmente, su llamado al voto nulo, lo que no favorece a la democracia, sino a los candidatos de la derecha.

Durante los últimos cuatro años, la administración de Luis Arce enfrentó una crisis climática sin precedentes: inundaciones letales, las sequías más severas de la historia, heladas que arrasaron cultivos y millones de hectáreas consumidas por el fuego.

Un golpe de Estado fallido, el sistemático boicot político financiero en la Asamblea Legislativa Plurinacional y la constante especulación y desinformación en torno a la seguridad alimentaria y energética son los más claros ejemplos del implacable asedio que enfrentó y enfrenta el gobierno del presidente Luis Arce.

La solicitud formal del gobierno del presidente Luis Arce ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que acompañe y mantenga vigilancia sobre las elecciones del 17 de agosto constituye una demostración inequívoca del compromiso del Estado boliviano con la transparencia democrática y el respeto a los estándares internacionales en materia electoral.

La incorporación del retrato de Juana Azurduy de Padilla a la Galería de las Heroínas y Héroes de las Américas en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) representa mucho más que un acto protocolar: constituye una reivindicación histórica largamente postergada y el reconocimiento continental de una mujer que encarnó como pocas la lucha por la libertad, la justicia y la dignidad de los pueblos americanos.

Actores políticos de la oposición y el evismo continúan con su campaña de mentiras y poner trabas para deslegitimar o boicotear las elecciones generales del 17 de agosto, con una serie de maniobras como la presentación de acciones judiciales para inhabilitar candidatos presidenciales, denuncias de fraude y amenazas de contar muertos en lugar de votos.