En medio de una coyuntura compleja para Bolivia, emerge una preocupante tendencia que amenaza los cimientos de la institucionalidad democrática del país.

El retraso deliberado en la aprobación de créditos por más de $us 1.000 millones en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) pone de manifiesto una preocupante disyuntiva entre el desarrollo económico y las pugnas políticas.

El presidente Luis Arce ha sido claro al denunciar un "boicot" y "estrangulamiento económico" por parte de los legisladores que se oponen a estos proyectos, una situación que amerita una reflexión nacional.

Bolivia se encuentra en medio de un clima político cada vez más tenso. Por un lado, ciertos actores políticos, encabezados por el expresidente Evo Morales, recurren a tácticas de desinformación y manipulación mediática en un intento por desestabilizar a la administración de Luis Arce. Por otro, tenemos un Gobierno que, a pesar de las turbulencias, mantiene su enfoque en el desarrollo económico y la mejora de la infraestructura nacional.

Los once proyectos de ley presentados por el Ejecutivo no son meras cifras en un papel, representan carreteras que conectarán comunidades aisladas, centros de salud que salvarán vidas, y programas de empleo que ofrecerán esperanza a miles de familias.

La decisión de extender a 24 horas, los siete días de la semana, la atención en el Recinto Multipropósito de Frontera Cañada Oruro – Infante Rivarola es vital en las relaciones comerciales y diplomáticas entre Bolivia y Paraguay.

Este paso, aparentemente modesto, representa en realidad un salto cuántico en la facilitación del comercio bilateral y regional.

El golpe de Estado frustrado del 26 de junio ha dejado una serie de lecciones que el país no puede permitirse olvidar.

Las revelaciones del presidente Luis Arce sobre la planificación de este ataque a la democracia, que se remonta a principios de 2024, ponen de manifiesto la persistencia de fuerzas antidemocráticas que buscan desestabilizar al gobierno legítimamente elegido.