Con los cimientos de la democracia en peligro, el país enfrenta una crisis institucional sin precedentes, donde quien fuera un dirigente del Proceso de Cambio, el expresidente Evo Morales, se ha convertido en el principal protagonista de un intento de desestabilización que amenaza la paz social y el orden constitucional.

La aparición de grupos armados en los bloqueos del trópico cochabambino y ataques a patrullas policiales en Oruro marcan un preocupante punto de inflexión en la crisis política que atraviesa el país. Es absolutamente inadmisible que se utilicen armas de fuego contra las fuerzas del orden, especialmente cuando estas acciones tienen como único objetivo proteger a alguien que enfrenta graves acusaciones por delitos contra menores de edad.

En un momento histórico para la diplomacia boliviana, el presidente Luis Arce ha logrado consolidar uno de los pasos más significativos en la política exterior del país al obtener el estatus de Estado asociado a los Brics.

Es preocupante que representantes diplomáticos lancen acusaciones graves sin fundamento, que no solo atentan contra la soberanía de las naciones sino que amenazan la estabilidad regional.

Las declaraciones de la embajadora de Israel en Costa Rica sobre supuestas bases militares en territorio boliviano de Irán y Hezbolá son un ejemplo alarmante de esta práctica irresponsable.

La decisión de brindar protección policial a las víctimas y funcionarios involucrados en las denuncias de abuso sexual que pesan sobre el expresidente Evo Morales representa un paso fundamental en la lucha contra la impunidad.

La situación que atraviesa Cochabamba es un reflejo de cómo los intereses personales pueden devastar la economía de toda una región.

Durante diez días, los bloqueos han estrangulado el flujo comercial, provocando pérdidas millonarias que afectan principalmente a quienes menos tienen: pequeños productores y familias de escasos recursos.