Del dicho al hecho hay mucho trecho. El evismo y varios legisladores aliados a la vieja derecha cumplen a cabalidad este refrán: por un lado, se llenan la boca con un discurso de respaldo a los comicios presidenciales y, por otro, complotan contra el derecho de los bolivianos para asistir a las urnas el domingo 17 de agosto, poniendo por delante sus intereses políticos para generar un ambiente de descontento y de convulsión social contra el Gobierno y la población. Una muestra más de su vocación antidemocrática.

Bolivia enfrenta hoy una de las peores catástrofes climáticas de las últimas cuatro décadas.

La declaratoria de emergencia nacional anunciada por el presidente Luis Arce responde a una realidad devastadora que ha golpeado a más de 380.000 familias bolivianas desde octubre de 2024.

La Batalla de Tumusla es la última refriega bélica que dio libertad e independencia a Bolivia. Después de más de 15 años (desde el año 1809 hasta 1825) de lucha, Bolivia declaraba la independencia con respecto a la monarquía española.

La reciente orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, emitida por la Fiscalía Departamental de Tarija el 17 de marzo, pone de relieve un principio fundamental en cualquier democracia: nadie, independientemente de su cargo o posición política anterior, está por encima de la ley.

El presidente Luis Arce encabezó ayer una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Autonomías (CNA), a la que convocó la semana pasada para evaluar acciones oportunas y urgentes en favor de las regiones afectadas por los efectos de la crisis climática que, hasta el momento, dejó una cifra de 52 muertos y más de 452.000 familias afectadas en todo el territorio nacional.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que instaura el debate obligatorio de candidatos a cargos públicos elegibles desde las presidenciales del domingo 17 de agosto, con el objetivo de garantizar el voto informado de los bolivianos. Lo hizo en el marco de los compromisos asumidos por la Asamblea Legislativa durante el Encuentro Multipartidario Interinstitucional por la Democracia, organizado en febrero por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y pese al boicot de la nueva derecha del evismo.