La democracia boliviana enfrenta un momento delicado. El expresidente Evo Morales, inhabilitado constitucionalmente para postularse a las elecciones de 2025, ha desatado una campaña de presión que busca doblar la voluntad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a través de amenazas, bloqueos y movilizaciones violentas.

La política de industrialización no tiene otro fin que regular el mercado en favor de los más necesitados. Eso se da con el hecho de que Emapa producirá desde junio 500 toneladas de aceite para el consumo de las familias bolivianas, en estos momentos en que la especulación es la principal enemiga de los intereses populares. Esta es una gran diferencia en las propuestas que se vienen para el próximo gobierno: para la derecha la industrialización es gasto, en cambio, para la izquierda es una inversión para el pueblo.

Una muestra de lo que se puede lograr con un trabajo conjunto entre el Gobierno y los sectores productivos.

Las medidas por la economía y la seguridad alimentaria anunciadas por el presidente Luis Arce el viernes surten efecto positivo inmediato: baja el dólar paralelo, proliferan los decomisos de productos a especuladores y contrabandistas, las ferias Del Campo a la Olla alivian a la ciudadanía. Pero no hay que olvidar que, además, en estos rubros cruciales para los bolivianos, hay desde hace tiempo políticas de Estado a largo plazo: se apuntala la producción y la industrialización.

En un contexto económico complejo, debido al boicot de la derecha y el evismo (bloqueo en la ALP, especulación), no se debe perder de vista los mecanismos de largo plazo –las llamadas soluciones estructurales– que el Gobierno nacional implementa ya desde sus primeros días de gestión, en una muestra clara de previsión y proyección.

Los 10 programas de gobierno de los partidos y las alianzas políticas inscritas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con miras a las elecciones del 17 de agosto, ya están publicados en la página web de la entidad para promover la participación informada de la ciudadanía. Dos vertientes sobresalen en los documentos: la de la continuidad de la industrialización y el Estado Plurinacional, y la que promueve un retorno al pasado de las privatizaciones con propuestas maquilladas, demagógicas y/o contradictorias.