A escasos meses de concluir su mandato constitucional el 8 de noviembre, el presidente Luis Arce puede mirar hacia atrás con la satisfacción del deber cumplido.

Su gestión de cinco años no sólo restauró la estabilidad democrática en Bolivia tras la crisis de 2019, sino que también dejó un legado tangible de desarrollo y modernización que marca un antes y un después en la historia del país.

El Gobierno nacional deja un país encaminado y con soluciones estructurales al tema de los combustibles, cuyo problema tiene dos vertientes: El boicot de la Asamblea Legislativa que generó una iliquidez de dólares para la compra y el descuido de la nacionalización de los hidrocarburos del entonces gobierno de Evo Morales, que no invirtió en exploración.

Un momento histórico para Bolivia, el presidente Luis Arce ha demostrado una vez más que la verdadera grandeza de un mandatario no se mide por su capacidad de perpetuarse en el poder, sino por su compromiso con la democracia y su disposición a entregar el mando con dignidad.

Fieles a su esencia oligárquica y aristocrática, los políticos bolivianos de derecha que pretenden llegar a la presidencia demuestran que su único fin es acaparar poder, y se embarcaron en una guerra sin cuartel que no repara en ningún código, aun a pesar de que meses atrás firmaron un pacto en el que acordaron apoyar todos al postulante con mayor popularidad.

Es casi un quinquenio en que el presidente constitucional Luis Arce Catacora demostró, con hechos y no solo palabras, su compromiso democrático con el Estado Plurinacional y con el pueblo que lo eligió en octubre de 2020 con el 55,10% de la votación nacional. Una vocación que reafirmó con miras a las elecciones de mañana y el traspaso de mando del 8 de noviembre, garantizando una transición democrática hacia un nuevo gobierno, acatando lo que los bolivianos decidan en las urnas, en el país y el extranjero.

El Tribunal Constitucional Plurinacional emitió una sentencia que determina que a partir de las elecciones generales de 2030 las candidaturas al Órgano Ejecutivo deberán presentar una fórmula compuesta por una mujer y un hombre o viceversa. Esta es una histórica sentencia porque promueve la equidad y paridad de género en la participación política.