La respuesta del presidente Luis Arce ante el brutal ataque a una ambulancia en Vinto marca un momento definitorio en la defensa de la democracia boliviana. Su decisión de denunciar estos hechos ante la comunidad internacional no es solo una medida diplomática, sino una demostración de fortaleza institucional que contrasta radicalmente con la barbarie de quienes pretenden imponer su voluntad mediante el terror.

Una vez más se ratifica que Evo Morales y su entorno radical están dispuestos a todo con tal de lograr sus nefastos fines. La revelación, por medios de comunicación, de la denuncia de un dirigente de que el exmandatario instruyó cercar La Paz y no reparar en actos violentos hasta lograr la renuncia del presidente Luis Arce, es el colofón de una serie de atentados a los derechos de los bolivianos propiciados en los últimos meses por esta facción.

Mientras el Gobierno nacional, respaldado por el Tribunal Supremo Electoral y múltiples sectores políticos, reafirma su compromiso con la celebración de las elecciones generales el 17 de agosto, sectores radicales intentan secuestrar la voluntad popular mediante la violencia y el chantaje político.

La conspiración de Evo Morales y sus afines no solamente apunta a desestabilizar al gobierno de Luis Arce, sino a las instituciones democráticas que salvaguardan el orden constitucional y la paz social, entre ellas las Fuerzas Armadas, con una campaña que se alimenta de rumores infundados y noticias falsas en medios y redes para provocar su desprestigio en la población y se generen fisuras en su estructura. Ante este ataque, la entidad castrense reafirmó su defensa de la estabilidad y la democracia en el país.

El Gobierno nacional está garantizando la realización de las elecciones generales del 17 de agosto, a pesar del “evismo” que bloquea las carreteras con el objetivo de boicotear los comicios para forzar su habilitación y otros imponderables judiciales interpuestos por la oposición. 

El Tribunal Constitucional Plurinacional ratificó las sentencias constitucionales que impiden al expresidente Evo Morales postularse nuevamente a la Presidencia porque nadie puede perpetuarse en el poder. De esta manera, las ansias de poder del líder cocalero quedan sepultadas pese a las medidas de presión de sus seguidores que cuando les conviene enarbolan el cumplimiento de la Constitución Política del Estado y otras normas en vigencia.