En el complejo contexto político y económico que atraviesa el país en los últimos meses, se hizo común un término que, aunque la derecha y sus periodistas y analistas funcionales tratan de menoscabar, no deja de referir a una verdad evidenciada: boicot (o, su sinónimo, sabotaje).

La iniciativa del presidente Luis Arce de organizar el Encuentro por la Estabilidad y la Democracia logró un acuerdo necesario entre importantes actores institucionales y políticos con vistas a la estabilidad nacional y las futuras elecciones generales.

Este acuerdo es un reconocimiento tácito al esfuerzo del Gobierno nacional por hallar soluciones de corto y largo plazo a los problemas cruciales, a través del diálogo con diversos sectores para mantener la paz social y la estabilidad económica.

A falta de argumentos, el evismo no tiene otro lenguaje que la violencia. Su vocación antidemocrática quedó al desnudo otra vez el miércoles, en el paro convocado por dirigentes del transporte público de El Alto afines a Evo Morales, al que se sumaron vecinos y Ponchos Rojos que bloquearon vías, agredieron a choferes y transeúntes, y evitaron el tránsito de camiones a cargo de la normalización de la distribución de carburantes en el departamento, atentando contra la población y el aparato productivo.

El presidente Luis Arce cumple con su promesa de subir de 50% a 80% la distribución de gasolina y diésel en el país. El Gobierno maximiza esfuerzos para garantizar esta dotación a la población y las entidades subnacionales, para la atención de los servicios básicos y las emergencias, para el normal funcionamiento del aparato productivo pese a la asfixia económica con intereses proselitistas de la nueva y la vieja derecha en el Legislativo, que causa una iliquidez de divisas para la importación de hidrocarburos.

En este momento histórico, es imprescindible la unidad de la izquierda boliviana para mantener en vigencia y fortalecer el modelo económico boliviano que prioriza el mercado interno, la inversión pública, la redistribución de la riqueza a los sectores más vulnerables y la industrialización con sustitución de importaciones.

En un escenario político donde debería primar el bienestar ciudadano, Bolivia atraviesa una crisis evitable que afecta directamente a quienes menos responsabilidad tienen en las disputas de poder.

La negativa de la Asamblea Legislativa para aprobar créditos de inversión por más de 1.600 millones de dólares durante 26 meses representa un doloroso ejemplo de cómo la mezquindad política termina castigando al pueblo.