Las recientes declaraciones del exgeneral Juan José Zúñiga desde su celda intentan reescribir la historia del 26 de junio de 2024, un día que quedará marcado en los anales bolivianos como otro intento frustrado de quebrar el orden constitucional.
Sin embargo, frente a estas afirmaciones tardías y contradictorias, la evidencia es abrumadora y concluyente: Bolivia enfrentó un golpe de Estado en toda regla que, afortunadamente, fracasó.
La magnitud de los recursos movilizados desmienten cualquier narrativa improvisada que ahora intenta construir el exgeneral.
La operación involucró 16 unidades militares coordinadas, casi un millar de efectivos militares (918 para ser exactos), y un arsenal que incluía 438 armas de diverso calibre, desde fusiles y escopetas hasta armamento pesado como lanzagranadas y ametralladoras.
La escala de esta movilización revela una planificación meticulosa, no una reacción espontánea ni una orden aislada.
Es alarmante el volumen de munición trasladada hacia el centro político del país: más de 23.500 cartuchos de munición letal y 5.154 elementos de munición no letal.
Esta preparación logística evidencia intenciones letales y una disposición a causar víctimas masivas si fuera necesario para alcanzar objetivos políticos mediante la fuerza.
El despliegue de recursos materiales también fue significativo: 21 camiones para el transporte de tropas y 36 vehículos militares, incluyendo los temibles blindados ZFB-05 que tanto impactaron en la memoria colectiva al rodear la plaza Murillo.
Estos no son los preparativos de una simple advertencia o demostración de fuerza, sino el dispositivo completo de una ocupación militar del centro del poder político nacional.
Las contradicciones en las declaraciones del exgeneral Zúñiga confirman, paradójicamente, la naturaleza golpista de la operación.
Como señaló acertadamente el ministro de Justicia, César Siles, estas nuevas versiones carecen de validez legal y contradicen sus propias declaraciones formales ante la Fiscalía. En su desesperación por construir una narrativa exculpatoria, el exgeneral se enreda en versiones incompatibles entre sí.
El expediente judicial, con más de 2.000 fojas de pruebas documentales, material audiovisual y comunicaciones interceptadas, constituye un testimonio irrefutable de la conspiración.
Resulta significativo que el propio Zúñiga, en un descuido revelador durante su entrevista policial inicial, admitiera que "motivos logísticos" impidieron consumar el planificado golpe.
Esta confesión involuntaria confirma no solo la intención golpista, sino también la existencia de un plan que, de no haber enfrentado obstáculos operativos, habría culminado en la ruptura del orden constitucional.
Es escalofriante la revelación del documental que detalla un intento de magnicidio y la formación de un gabinete alternativo.
A diez meses de los acontecimientos, con la investigación alcanzando a unas 30 personas y con un volumen de evidencia que crece día a día, no caben dudas sobre la naturaleza de lo ocurrido. Bolivia enfrentó un golpe de Estado que, afortunadamente, no logró consolidarse.
AEP
