El Gobierno nacional presentó el proyecto de ley que suspende temporalmente los embargos y las ejecuciones de sentencias por créditos de vivienda de interés social y préstamos otorgados a micro y medianas empresas con el objetivo de apoyar la recuperación progresiva de su actividad económica. Sin embargo, la entidad que nuclea a la banca se opone a la medida con argumentos deleznables como que “compromete la estabilidad del sistema financiero”.
La banca no tiene argumentos sólidos para oponerse al proyecto, pues ha quedado en evidencia que goza de buena salud y puede respaldar las medidas de alivio temporal sin poner en riesgo su solidez. Todos los números muestran que tiene solvencia suficiente para asumir este esfuerzo sin comprometer su estabilidad ni restringir el acceso futuro al crédito.
Por ejemplo, en 2024 registró utilidades históricas de $us 389 millones y un crecimiento del 28,6% respecto a 2023, el más alto en las últimas dos décadas. Los números muestran que la banca siempre tiene utilidades: en 2023, $us 295 millones; en 2022, $us 260 millones; en 2021, $us 264 millones; en 2020, $us 119 millones y en 2019, $us 304 millones.
El patrimonio de la banca ascendió a $us 3.163 millones, registrando un aumento interanual del 9,7%, lo que representa un incremento de $us 281 millones. Este crecimiento demuestra la capacidad del sector para adaptarse a un entorno económico desafiante y seguir creciendo.
La propuesta gubernamental beneficia a dos grupos: el primero, a las familias que accedieron a créditos de vivienda de interés social, muchas de las cuales enfrentan procesos de desalojo de sus inmuebles; y el segundo, a las micro y medianas empresas afectadas por los bloqueos de caminos y la crisis climática que ahora afrontan el riesgo de la ejecución financiera.
La norma dispone que, por el plazo de seis meses computables a partir de la publicación de la presente ley, quedan suspendidos los embargos, remates, desapoderamientos, ejecuciones de sentencias y otras medidas judiciales vinculadas a prestatarios de vivienda social y de micro y pequeños prestatarios, por lo que cualquier actuación contraria es nula de pleno derecho.
Se prevé que los créditos a ser diferidos no superen el 3% de los depósitos totales, beneficiarán a más de 1,4 millones de prestatarios y no implica una condonación de deudas ni una intervención en los contratos entre bancos y prestatarios, sino una medida temporal, específica y focalizada.
Por estas razones, la propuesta es oportuna y responsable porque protege el derecho a la vivienda de miles de familias y asegura la continuidad de las micro y pequeñas unidades productivas, que son un motor de la economía.
Los datos oficiales y el contexto actual del sistema financiero muestran que alcanzó un nivel de solvencia, utilidades y patrimonio que le permite enfrentar una medida de alivio temporal sin sobresaltos, sin poner en riesgo su estabilidad ni restringir sus operaciones. Por estas razones, es menester que la Cámara de Senadores apruebe sin demora la propuesta gubernamental.
