A tiempo de iniciar el pago del Bono Juancito Pinto, gestión 2025, el presidente Luis Arce recalcó en su discurso en la capital del Estado: “Este es un bono que ha sido generado como resultado de nuestro modelo económico social comunitario productivo, un modelo que ha mostrado que, creando empresas públicas, generamos excedentes económicos que son redistribuidos en la población”.

El Gobierno nacional impulsa la integración vial a través de la incorporación a la Red Vial Fundamental de carreteras para una mejor administración y realiza millonarias inversiones en la construcción de caminos, puentes y otras obras de infraestructura vial con el objetivo de integrar los nueve departamentos y las zonas productivas del país. 

La titulación de la tierra es un compromiso de Estado y tiene sus antecedentes en la Reforma Agraria de 1953, cuando se eliminó el latifundio (gran concentración de tierras) y se empezó la dotación de tierra a los campesinos, pero la titulación y efectivización del derecho propietario aún está pendiente de conclusión.

La unidad y la vocación democrática de la sociedad boliviana conjuraron una vez más un atentado contra la democracia. El derecho del pueblo a elegir a sus autoridades es un imperativo y con ello el proceso electoral continúa a paso firme hacia la segunda vuelta del domingo 19 de octubre, pese a que todavía hay riesgos latentes alentados por legisladores que siguen la línea de Evo Morales y Andrónico Rodríguez, por lo cual se requiere que todos los órganos del Estado reafirmen su compromiso constitucional.

Setecientos cuarenta días han transcurrido desde que Israel inició su ofensiva militar contra Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Dos años en los que la comunidad internacional ha sido testigo impotente —o cómplice— del exterminio sistemático de un pueblo entero.

El Gobierno nacional tiene una política de cero tolerancia a los avasallamientos y al tráfico ilegal de tierras, por lo que no tolera estos actos ilícitos, pues vulnera el Estado de derecho. En todos los casos ordenó la intervención de las autoridades competentes para el desalojo de los avasalladores y el procesamiento en las instancias judiciales.