El Gobierno nacional está garantizando la realización de las elecciones generales del 17 de agosto, a pesar del “evismo” que bloquea las carreteras con el objetivo de boicotear los comicios para forzar su habilitación y otros imponderables judiciales interpuestos por la oposición. 

El Tribunal Constitucional Plurinacional ratificó las sentencias constitucionales que impiden al expresidente Evo Morales postularse nuevamente a la Presidencia porque nadie puede perpetuarse en el poder. De esta manera, las ansias de poder del líder cocalero quedan sepultadas pese a las medidas de presión de sus seguidores que cuando les conviene enarbolan el cumplimiento de la Constitución Política del Estado y otras normas en vigencia.

Una vez más se ratifica que Evo Morales y su entorno radical están dispuestos a todo con tal de lograr sus nefastos fines. La revelación, por medios de comunicación, de la denuncia de un dirigente de que el exmandatario instruyó cercar La Paz y no reparar en actos violentos hasta lograr la renuncia del presidente Luis Arce, es el colofón de una serie de atentados a los derechos de los bolivianos propiciados en los últimos meses por esta facción.

Cuando faltan dos meses y medio para las elecciones generales del 17 de agosto; cuando el calendario electoral está avanzado, los partidos habilitados ya definidos y las listas finales a punto de cerrarse; y cuando todo el sistema político se apresta a participar en el necesario plebiscito democrático, Evo Morales y sus seguidores no se resignan a aceptar las reglas del juego e insisten en su amenaza de generar caos y confrontación.

La conspiración de Evo Morales y sus afines no solamente apunta a desestabilizar al gobierno de Luis Arce, sino a las instituciones democráticas que salvaguardan el orden constitucional y la paz social, entre ellas las Fuerzas Armadas, con una campaña que se alimenta de rumores infundados y noticias falsas en medios y redes para provocar su desprestigio en la población y se generen fisuras en su estructura. Ante este ataque, la entidad castrense reafirmó su defensa de la estabilidad y la democracia en el país.

La democracia boliviana enfrenta un momento crítico en el que la ética en la política parece haber cedido paso al pragmatismo más descarnado. La candidatura de Mariana Prado a la vicepresidencia en la fórmula de Andrónico Rodríguez representa una afrenta no solo a las víctimas de feminicidio, sino a todos los principios que debería defender un Estado comprometido con la justicia y los derechos de las mujeres.