Con firmeza, el presidente Luis Arce remarcó que ejercerá todas sus atribuciones constitucionales para proteger a la población y la democracia ante la violencia de Evo Morales y sus grupos armados y movilizados, para despejar las carreteras bloqueadas con el fin de asfixiar la economía y dejar sin alimentos ni carburantes a los bolivianos y al aparato productivo, para garantizar el derecho al voto en las elecciones del 17 de agosto, para resguardar la vida, para que Bolivia continúe por la senda democrática.

Después de más de dos años de bloqueo legislativo que pasaron su factura a la economía y a la población, hoy el país le da la razón al gobierno de Luis Arce, incluso sus detractores, inclusive la derecha: la solución para ir resolviendo los problemas económicos pasa por la aprobación de la Asamblea Legislativa de los créditos saboteados por un mero interés desestabilizador y proselitista de la nueva y la vieja derecha en su objetivo de generar descontento y convulsión social, incluso con afanes conspirativos contra la democracia.

El gobierno de Luis Arce instruyó, tanto a la Policía como a las Fuerzas Armadas, un operativo para desbloquear la carretera Oruro-Cochabamba y las rutas troncales del país, en atención al pedido clamoroso de los bolivianos afectados por los bloqueos de carreteras del “evismo” que impiden el tránsito de alimentos, pasajeros y combustible. Este operativo está en apego a la Constitución Política del Estado.

La respuesta del presidente Luis Arce ante el brutal ataque a una ambulancia en Vinto marca un momento definitorio en la defensa de la democracia boliviana. Su decisión de denunciar estos hechos ante la comunidad internacional no es solo una medida diplomática, sino una demostración de fortaleza institucional que contrasta radicalmente con la barbarie de quienes pretenden imponer su voluntad mediante el terror.

La tarde del lunes arribó a La Paz una aeronave con 66.000 litros de aceite Sabor Casero, refinado y envasado en la estatal Planta de Transformación de Subproductos de Soya de San Julián. En los siguientes días este y otros embarques se distribuirán en el país, precisamente cuando hay escasez y especulación en los precios de este producto. Es, a todas luces, una muestra de la idoneidad y viabilidad de la industrialización como solución de larga data para la seguridad alimentaria.

Mientras el Gobierno nacional, respaldado por el Tribunal Supremo Electoral y múltiples sectores políticos, reafirma su compromiso con la celebración de las elecciones generales el 17 de agosto, sectores radicales intentan secuestrar la voluntad popular mediante la violencia y el chantaje político.