Un acto de barbarie sin precedentes ha sacudido al mundo entero. El ataque israelí contra un campo de refugiados cerca de Rafah, en la Franja de Gaza, dejó un saldo trágico de al menos 50 fallecidos, entre ellos mujeres y niños, y decenas de heridos.

El reciente pedido de Evo Morales de recibir un resarcimiento de casi 2 millones de bolivianos por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no solo es exorbitante, sino que representa una afrenta a la moral y la justicia en Bolivia.

En un contexto globalizado y de creciente multipolaridad económica, la propuesta del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) de utilizar yuanes y reales en las transacciones con China y Brasil, respectivamente, representa un paso acertado hacia la desdolarización del comercio exterior boliviano.

La decisión de España, Noruega e Irlanda de reconocer a Palestina como un Estado soberano no solo representa un avance significativo en el camino hacia la paz, sino que también constituye un acto de justicia histórica.

Para nadie es desconocido y los resultados así lo demuestran claramente que el gobierno del presidente Luis Arce está encarando una lucha frontal contra el narcotráfico en el territorio nacional.

Sin embargo este trabajo es desprestigiado por sectores interesados que no quieren un combate directo contra el tráfico ilícito de drogas.

En un desafío sin precedentes en una nación democrática, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, exigió al expresidente y dirigente cocalero Evo Morales que permita el libre ingreso de la fuerza pública antidroga a la región del trópico de Cochabamba para combatir el flagelo del narcotráfico.

Esta confrontación directa pone de manifiesto una realidad inquietante: el reducto político de Morales se ha convertido nuevamente en una zona roja del narcotráfico, un retroceso a los oscuros tiempos de las décadas pasadas.