Los improperios contra la mujer no pueden ser tolerados, vengan de donde vengan, pero resulta aún más lamentable que estos sean vertidos por asambleístas, cuyas acciones deberían ser totalmente contrarias a la denigración del género femenino y tendrían que estar encaminadas a la generación de normativa que promueva el respeto y la igualdad ante las estructuras patriarcales aún persistentes.

El Consejo Nacional de Autonomías (CNA), en la reunión que aglutinó a 25 de 25 representantes nacionales, se declaró en emergencia ante el boicot a la economía nacional que ejerce la derecha y el ala evista desde la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

El pueblo boliviano conoce y ya identificó a quienes bloquean el desarrollo del país, a los que priorizan sus intereses personales y le niegan la posibilidad de obras para las regiones.

La escalada militar desatada por Israel en la Franja de Gaza ha desencadenado una ola de repudio a nivel internacional y ha llevado a varias naciones a tomar medidas sin precedentes para expresar su condena a las atrocidades cometidas contra la población palestina y exigir el respeto al derecho internacional humanitario.

La estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) presentó una demanda penal que sacude los cimientos de la industria del litio en Bolivia.

Diez exdirectivos y una empresa contratista se encuentran bajo la lupa judicial por presuntos delitos que han dejado un rastro de desolación en el complejo industrial del salar de Uyuni, un epicentro crucial en la provisión de materia prima para la producción de cloruro de potasio y carbonato de litio.

El Consejo Nacional de Autonomías, la máxima instancia de coordinación entre el nivel central y los gobiernos subnacionales, tomó una decisión sin precedentes al declararse en estado de emergencia debido al bloqueo económico que enfrenta el país en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Esta determinación, lejos de ser un mero formalismo, representa una señal de alarma sobre la gravedad de la situación que atraviesa el país y sus regiones.

Luego de un año de las revelaciones del diario español El País sobre los aberrantes abusos sexuales cometidos por el sacerdote jesuita Alfonso Pedrajas en Bolivia, la indignación ciudadana persiste ante la lentitud de los procesos judiciales y la falta de acciones contundentes por parte de la Iglesia Católica para esclarecer los hechos y reparar a las víctimas.