El secretario general de la OEA, Luis Almagro, catalogado por muchos con el eufemismo de “camaleón político”, está una vez más en el ojo de la tormenta por una presunta “conducta indebida” que compromete una violación del código de ética y del trabajo al interior de la organización que preside. En días pasados se conoció a través de medios de comunicación del país del norte que legisladores del Congreso de Estados Unidos pidieron investigar a Almagro, señalando que los delitos de los que se le acusa son motivo suficiente para sancionarlo y destituirlo de su cargo.

En los últimos días, las declaraciones del nuevo presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) de Santa Cruz, Jean Pierre Antelo, sobre el modelo económico que el Gobierno implementa en el país, generaron diversas reacciones, algunas lo respaldaron, pero la gran mayoría lo criticó porque se ubican fuera de la realidad; sin embargo, basta remitirse a los indicadores macroeconómicos y a lo que ocurre en el país para definir una postura al respecto.

El feriado de Semana Santa, además de constituirse en un tiempo de reflexión para quienes practican la religión y recuerdan la pasión de Cristo, también representa una excelente oportunidad para desarrollar actividades turísticas, y más aún en Bolivia, que tiene una amplia variedad de destinos atractivos, desde el altiplano, pasando por los valles hasta la Amazonia.

Contar con una ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas en el país no responde a un mero capricho. En primera instancia, generar una normativa de estas características para adecuarse a los estándares internacionales en el combate contra el lavado de dinero, el terrorismo y su financiamiento es una exigencia de la comunidad internacional en el marco de los compromisos asumidos por Bolivia, como miembro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), organización intergubernamental que agrupa a 18 Estados de América del Sur, Centroamérica y América del Norte.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Previsión y Futuro, llegaron para operar en el país desde 1997, en el marco de la Ley 1732, promulgada en 1996 por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Dicha norma fue muy criticada porque respondía a un proceso de privatización de los sistemas de pensiones, pues otorgaba bajos niveles de rentabilidad para los aportantes.

La elección de nuevas autoridades judiciales en el país está en marcha, por tanto también la oportunidad de contar con los mejores profesionales que se encargarán de administrar la justicia.