La lucha contra la corrupción en la administración pública es un reto de todos los días. Una lucha por la transparencia desde las distintas esferas del Estado, por la aplicación de leyes para prevenir y sancionar este flagelo, por contar con instituciones confiables y funcionarios comprometidos con el pueblo, por promover conciencia en los bolivianos, por la generación de políticas que fortalezcan esta tarea… Y el gobierno del presidente Luis Arce asumió este compromiso con su política de “cero tolerancia a la corrupción”.
El caso del exministro de Medio Ambiente y Agua Alan Lisperguer es una muestra. Ante una denuncia que llegó al Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, se activó una investigación que halló indicios para presentar una denuncia ante la Fiscalía de La Paz, por la posible comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas, ante lo cual Arce determinó la destitución inmediata de esta autoridad para que asuma defensa ante la justicia.
Esta política se aplicó sin medias tintas en otros casos que ya llegaron a sentencia, lo que no ocurría en anteriores gestiones gubernamentales. Por ejemplo, contra Edwin Characayo, exministro de Desarrollo Rural y Tierras, quien recibió una condena judicial de ocho años de prisión por cohecho pasivo propio; o Juan Santos Cruz, exministro de Medio Ambiente, quien está a la espera de su juicio oral por cobros irregulares. Ambos enfrentaron a la justicia precisamente por las investigaciones impulsadas por el Gobierno.
En este marco de la lucha contra la corrupción, la Constitución Política determina que el Estado asume y promueve para la sociedad principios ético-morales como el ama qhilla, el ama llulla o el ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), o el suma qamaña (vivir bien). La Agenda Patriótica 2025 indica que uno de sus 13 pilares es la “soberanía y transparencia en la gestión pública”, precisamente bajo estos principios, para un Estado fuerte con transparencia, ética y moral en la administración pública.
Para una mayor consolidación de esta cruzada, acorde con los nuevos retos, el Gobierno aprobó la Política Plurinacional de Lucha contra la Corrupción 'Hacia una nueva gestión pública digitalizada y transparente', con cuatro líneas de acción: digitalización de la información e interoperabilidad institucional para un mejor control de denuncias, declaraciones juradas, entre otras; articulación con la sociedad civil organizada; formación en valores de ética y transparencia; y un mayor acceso a la información.
El objetivo es promover una lucha efectiva y decidida contra la corrupción en todos los niveles del Estado, y la promoción y consolidación de una gestión pública transparente. Lo indicó el Gobierno, hacer frente a este ilícito requiere de una política integral, sin pausa, no solo en el plano público, sino privado y en las organizaciones sociales. Por ello el mandato de Arce de “cero tolerancia a la corrupción”, sin privilegios de por medio, sin proteger a ningún servidor público, más allá de la envergadura de su cargo.
