Un país con una perspectiva de futuro clara y definida tiene mayores oportunidades de desarrollo y crecimiento, pero no solo eso, sino también muestra seriedad en lo interno y externo. Ahí radica la importancia de lo que se denomina Políticas de Estado o, en lo individual, un presidente con visión de Estado.

El otrora hombre fuerte del régimen de facto, Arturo Murillo, ya está en el país donde debe responder por varios delitos como legitimación de ganancias ilícitas, corrupción en la compra irregular de gases lacrimógenos y, sobre todo, por las masacres de Sacaba y Senkata, cuyos familiares luchan incansablemente por memoria, verdad y justicia.

El arribo de Arturo Murillo a Bolivia, en calidad de deportado, marca un momento histórico en la lucha contra la impunidad. Después de cinco años de huida, el exministro de Gobierno del régimen de facto de Jeanine Añez finalmente enfrentará a la justicia boliviana por 15 procesos penales, pero sobre todo por su responsabilidad en las masacres de Sacaba y Senkata, que enlutaron noviembre de 2019.

El Juzgado Cuarto de Sentencia Penal de Cochabamba condenó el martes a los jesuitas Ramón Alaix y Marcos Recolons a un año de prisión por haber encubierto los abusos sexuales cometidos hace ya varias décadas por el sacerdote español Alfonso Pedrajas.

El gobierno de Luis Arce sacó adelante al país, a su economía, a su población, pese al complot y el asedio del evismo y la vieja derecha. Lo hizo con la mejora de la calidad de vida de los bolivianos, con la entrega de más de 61.000 obras, con la redistribución de ingresos en beneficio de los más vulnerables, con la semilla de laindustrialización lista para la cosecha, con la defensa de la soberanía, los recursos naturales y la democracia. Son los legados del mandato de Arce, son cuatro banderas que plantó en cinco años.

Desde su nacimiento hace 10 años, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo se ha convertido en un patrimonio de los bolivianos, al asumir la administración de los aportes realizados por los trabajadores y empleadores a los fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP), dejando atrás la herencia neoliberal de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y poniendo en manos del Estado el timón de esta tarea en beneficio de los asegurados y sus familias, lo que permitió importantes resultados.