El expresidente y dirigente cocalero Evo Morales sacó una vez más a relucir su angurria, pero esta vez por el dinero. En días pasados, el exmandatario, a través de su abogado Wilfredo Chávez, exigió que el Tribunal Supremo Electoral le dé una modesta indemnización de Bs 1,9 millones a manera de resarcimiento por su inhabilitación como candidato a senador en las elecciones de 2020.

En un contexto globalizado y de creciente multipolaridad económica, la propuesta del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) de utilizar yuanes y reales en las transacciones con China y Brasil, respectivamente, representa un paso acertado hacia la desdolarización del comercio exterior boliviano.

El presidente Luis Arce alzó la voz para denunciar los peligrosos planes de los grupos "antipatria" y "abyectos" que amenazan con descarrilar el progreso y la soberanía de Bolivia.

Para nadie es desconocido y los resultados así lo demuestran claramente que el gobierno del presidente Luis Arce está encarando una lucha frontal contra el narcotráfico en el territorio nacional.

Sin embargo este trabajo es desprestigiado por sectores interesados que no quieren un combate directo contra el tráfico ilícito de drogas.

Un acto de barbarie sin precedentes ha sacudido al mundo entero. El ataque israelí contra un campo de refugiados cerca de Rafah, en la Franja de Gaza, dejó un saldo trágico de al menos 50 fallecidos, entre ellos mujeres y niños, y decenas de heridos.

El reciente pedido de Evo Morales de recibir un resarcimiento de casi 2 millones de bolivianos por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no solo es exorbitante, sino que representa una afrenta a la moral y la justicia en Bolivia.