El Bono Juancito Pinto, un ejemplo claro de las políticas sociales y económicas aplicadas en el Estado Plurinacional de Bolivia para mitigar la extrema pobreza y, en este caso particular, combatir la deserción escolar, volverá a inyectar, a partir de hoy, un incentivo en más de 2 millones de estudiantes de todo el país para que continúen con su proceso formativo, garantizando de esta manera su derecho a la educación.

El ilegal congreso del “líder de los humildes” ha dejado varias lecciones al país. Ilegal porque la Sala Constitucional del Tribunal de Justicia de Santa Cruz ordenó paralizar el desarrollo en Lauca Ñ del Décimo Congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Ante el rechazo generalizado que provocó el congreso de Lauca Ñ —que comenzó con anomalías como la restrictiva convocatoria respecto a la participación de las organizaciones sociales, y que concluyó de la misma manera, clausurándose un día antes de lo establecido, con un amparo constitucional de por medio que ordenaba la suspensión de dicha actividad—, los entes matrices del Instrumento Político, encabezados por el Pacto de Unidad, desconocieron las determinaciones de aquel al considerarlo ilegal, ilegítimo e inorgánico.

El papa Francisco ha declarado que la Iglesia Católica “todavía” considera las relaciones entre personas del mismo sexo "objetivamente pecaminosas" y que no reconocerá el matrimonio entre ellas. El magnánimo Papa está dispuesto, sin embargo, a que su iglesia bendiga a las parejas del mismo sexo.

La Fiscalía General del Estado finalmente presentará las acusaciones formales por las masacres de Sacaba y Senkata. Las familias de las víctimas han estado esperando justicia durante estos años y finalmente podrían obtenerla.

Un tribunal de Fort Lauderdale, sur de Florida, Estados Unidos, responsabilizó, en abril de 2018, al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y a su ministro Carlos Sánchez Berzaín de las muertes ocurridas durante la crisis social y política registrada en el país en octubre de 2003. Los diez miembros del jurado declararon a ambos como “responsables” de ejecuciones extrajudiciales por los disturbios que dejaron más de 60 muertos y unos 400 heridos.